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El Gobierno boliviano y la oposición dieron el sábado los primeros pasos hacia un acuerdo que frene la sangrienta ola de violencia política en el país, que dejó al menos 17 muertos y obligó a dictar el estado de sitio en un convulsionado departamento amazónico.
Tras un maratónico encuentro con funcionarios oficiales que finalizó en la madrugada, el gobernador del sureño distrito de Tarija, Mario Cossío, quien representó a sus pares de los distritos opositores, afirmó que tenía la esperanza de que los contactos permitan llegar a una reconciliación nacional.
Tendiendo una mano a la oposición, el presidente Evo Morales dijo que está dispuesto a revisar su proyecto de nueva Constitución socialista, el cual disparó hace más de dos semanas una serie de violentas protestas de fuerzas antigubernamentales, que alientan en cambio autonomías regionales.
"Estamos autorizados por los movimientos sociales a revisar el proyecto de autonomía (de los distritos) que está en la Constitución Política del Estado," afirmó Morales en una conferencia de prensa en referencia a la exigencia de más independencia de los distritos opositores.
"Si es por la unidad nacional y la democracia (...), hay total apertura," agregó el mandatario indígena que pretende someter la nueva carta marga a referendo a principios del 2009.
Mientras tanto, efectivos de Ejército permanecían en el aeropuerto de Cobija, la capital del distrito de Pando, y se disponían a ingresar a esa pequeña ciudad luego de que el Gobierno declarara el estado de sitio denunciando que seguidores del opositor gobernador regional "masacraron" a tiros a campesinos fieles a Morales, dejando más de diez muertos.
"Después de la carnicería humana que se ha vivido cerca de Cobija, en Porvenir, el Gobierno tiene la obligación de recuperar la autoridad del Estado," afirmó a una radio desde Pando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El funcionario agregó que un marino y un civil murieron durante la violenta recuperación del aeropuerto de Cobija, que estaba controlado por seguidores del gobernador local.
Morales explicó, si en el marco del diálogo los prefectos opositores dejaban sin efecto la ocupación de oficinas del Gobierno nacional, que no había razones para extender el estado de sitio al resto del país.
La televisión local mostró imágenes de varios cadáveres cargados en un camión, mientras que emisoras de radios dijeron que decenas de campesinos estaban desaparecidos tras los enfrentamientos en Pando, al norte de La Paz.
El prefecto del distrito, Leopoldo Fernández, dijo por teléfono a un canal de televisión que el Gobierno distorsionó los hechos y aseguró que, con sus seguidores, va a resistir al estado de sitio hasta con su vida.
"El Gobierno tiene una tremenda habilidad para distorsionar las cosas. Están totalmente equivocados si creen que con esto nos van a amedrentar. Ni con los tiros, ni con los muertos que nos han hecho, vamos a huir," amenazó, desde un lugar indeterminado.
PULSEADA OPOSITORA
La ola de violencia contra las aspiraciones socialistas de Morales hundió a parte del país en un caos con bloqueos de carreteras que dejaron a varias ciudades cerca de desabastecimiento, saqueos a comercios, quema de oficinas públicas y choques entre militantes oficialistas y opositores.
La oposición, parapetada mayormente en Santa Cruz, capital económica del país, ha prometido resistir por todos los medios contra el plan del Gobierno de consultar en enero a la población sobre la nueva Constitución que legitima su nacionalización de la economía y da más poder a la mayoría indígena.
Analistas han apuntado también que uno de los factores que más irrita a los partidos antigubernamentales, mayormente conservadores, es la reforma agraria lanzada por Morales, que amenaza a los latifundistas del este del país.
La violencia en la nación andina prendió una alarma en la región, con Brasil y Argentina ofreciendo a Morales intermediar en la crisis luego de que una serie de ataques obligara a cortar brevemente el vital flujo de gas boliviano a ambos países.
El mandatario, que el miércoles ordenó la expulsión del embajador de Estados Unidos en La Paz acusándolo de apoyar a la oposición, rechazó la intervención diplomática,, aunque agradeció "profundamente" la solidaridad internacional.
El lunes, mandatarios sudamericanos se reunirán en Santiago de Chile para discutir la crisis en Bolivia.
NUEVA REUNION
Los representantes de la oposición y del Gobierno esperan volver a reunirse el domingo para darle tiempo al prefecto Cossío a informar a sus aliados de Beni, Pando y Santa Cruz sobre los resultados de la primera cita.
"Hemos cumplido con el objetivo de apertura y que ojalá en las próximas horas se convierta en un proceso de diálogo sostenido, que concluya en un acuerdo para resolver los problemas en el marco de una reconciliación nacional," afirmó Cossío.
El viceministro de Descentralización, Fabian Yacsik, quien habló en representación del Gobierno, dijo a periodistas que en el encuentro se tocaron temas como un controvertido impuesto petrolero, cuya devolución exigen las regiones opositoras luego de que Morales pasó parte de él a un fondo para los ancianos.
"Lo que hemos logrado en este encuentro es sentar las bases para iniciar el diálogo y hemos encontrado varias coincidencias, identificadas estas bases restableceremos la tranquilidad en el país," afirmó Yacsik, sin dar más detalles.
Varios mandatarios latinoamericanos han salido en apoyo de Morales. El presidente, Hugo Chávez, llegó a prometer financiar grupos armados en Bolivia si la oposición derroca a Morales.
Las Fuerzas Armadas bolivianas, fieles al Gobierno, advirtieron que no tolerarían tropas extranjeras en el país, en una advertencia al mandatario venezolano.
Luego de que Morales expulsara al embajador de Estados Unidos, Caracas se solidarizó haciendo lo mismo, a lo que Washington respondió declarando persona no grata a los representantes diplomáticos de La Paz y Caracas. (REUTERS)
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