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El vicepresidente de la república Ramón Carrizales dio a conocer que horas antes del límite establecido por ley para la nacionalización de las cementeras (11:59 am del lunes 18/8/08), se lograron acuerdos con HOLCIM y LAFARGE, pero no con Cemex, en cuyo caso el Ejecutivo podría proceder a la expropiación.
Detalló que en el caso de LAFARGE el Estado venezolano adquiere 89% de las acciones de sus operaciones en Venezuela por un costo de 267 millones de dólares, mientras que en el caso de HOLCIM, se adquiere un 85% de las acciones por 552 millones de dólares. Ambas empresas continuarán operando en el país como socios minoritarios.
La traba en las negociaciones con CEMEX, sostiene el funcionario, está en que la mexicana solicita 1.300 millones de dólares por su operación venezolana, mientras el Gobierno estaría dispuesto a pagar alrededor de 819 millones de dólares, un monto similar al que desembolsará por sus dos competidoras.
Argumenta que CEMEX presentaba "problemas ambientales" y que su valor no puede estar muy por encima del estipulado por las otras cementeras, en términos de capacidad de producción.
Por su parte, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, confirmó que se firmaron memorandos de entendimiento con HOLCIM y LAFARGE, pero que en el caso de CEMEX se tiene pensado tomar sus instalaciones de la planta de Pertigalete, en el oriente del país.
Mencionó la puesta en marcha de procesos de auditoría y la entrada en funcionamiento de comisiones de transición para cumplir con las nacionalizaciones, y recordó que este proceso que se inicia en un decreto del pasado 18 de julio, apuntaría a normalizar los sectores de vivienda y construcción, ahora bajo control gubernamental en el suministro de cemento.
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